Artículo 265 Bis

(11) Artículo 265 Bis.- La Sociedad Financiera Popular podrá pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público, a través de Servicios Electrónicos, debiendo sujetarse a lo establecido por las presentes disposiciones y siempre que:

1. (11)I.

   En la contratación respectiva se establezca de manera clara y precisa, lo siguiente:

2. (11)a)

   Las operaciones y servicios que podrán proporcionarse a través de Medios Electrónicos.

3. (11)b)

   Los mecanismos y procedimientos de identificación del Usuario y Autenticación, así como las responsabilidades del Usuario y de la Sociedad Financiera Popular respecto del uso de Servicios Electrónicos.

4. (11)c)

   Los mecanismos y procedimientos para la notificación de las operaciones realizadas y servicios prestados por la Sociedad Financiera Popular, a través de Servicios Electrónicos.

5. (11)d)

   Los límites de los montos individuales y agregados diarios, adicionales a los establecidos por las presentes disposiciones, específicos para los Servicios Electrónicos de que se trate, definidos por la Sociedad Financiera Popular, en su caso.

6. (11)e)

   Los mecanismos y procedimientos de cancelación de la contratación de Servicios Electrónicos, los cuales deberán ser similares a los de la propia contratación, considerando el tiempo de respuesta de la solicitud, canales de atención al Usuario y procedimientos de Identificación del Usuario y su Autenticación.

7. (11)f)

   Las restricciones operativas aplicables de acuerdo al Medio Electrónico de que se trate, de conformidad con lo previsto en este capítulo.

8. (11)II.

   Informen a los Usuarios en forma previa a la contratación, los términos y condiciones para los Servicios Electrónicos, debiendo mantener dicha información disponible para su consulta en cualquier momento.

9. (11)III.

   Comuniquen a los Usuarios los riesgos inherentes a la utilización de Servicios Electrónicos, así como que hagan de su conocimiento sugerencias para prevenir la realización de operaciones irregulares o ilegales que vayan en detrimento del patrimonio de los Usuarios y de la Sociedad Financiera Popular, pudiendo efectuarse, entre otros, mediante campañas periódicas de difusión de recomendaciones de seguridad.